Domingo 17 Diciembre 2017
Martes, 12 Septiembre 2017 10:24

Jornada FORJAD en CABA

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)
En fecha 29 de junio se realizó la Jornada Preparatoria del FORJAD en CABA. 
La apertura estuvo a cargo de los Profesores Juan González Moras y Fernando García Pullés. El Profesor González Moras hizo una referencia al origen del Foro y a las actividades que desarrolló hasta el presente, subrayando la importancia del espacio como medio de participación de jóvenes juristas de todo el país. Asimismo, informó que las Jornadas Preparatorias del FORJAD tendrán lugar en diversos ciudades. Se prevé, a su vez, que todos los aportes confluyan en la Jornada Nacional del Foro el día 28 de septiembre en la Facultad de Derecho de la UBA. 
A continuación, expuso el Profesor García Pullés quien rescató el enfoque de las Jornadas del FORJAD. El Derecho Administrativo actualmente enfrente muchos desafíos y uno de ellos consiste en detectar la brecha entre la realidad y las disposiciones normativas, para luego pensar en herramientas para reducir la discordancia entre el deber ser y ser.
• Primer Panel – “Derechos sociales y Derecho Administrativo”

El primer panel estuvo conformado por Marina Alurralde y Camila Carril y fue moderado por Federico Apostolidis. 
Marina Alurralde disertó sobre “¿Cuál es el máximo de los recursos disponibles en materia de derechos económicos, sociales y culturales”. Abrió su exposición indicando que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) es peculiar en por lo menos dos aspectos que lo diferencian de otros instrumentos internacionales de derechos humanos de características similares —esto es: conformados por una declaración general de derechos y una serie de compromisos a cargo de los Estados parte—. Aquellos son:
a) su art. 2.1, que precisa los referidos compromisos, consistentes en “… a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos (…) reconocidos…”  y 
b) la ausencia de una norma como la contenida en el art. 25.1 de la CADH y en el art. 2 3 a) del PIDCP que garantizan los derechos que  esos instrumentos reconocen mediante un recurso efectivo que los ampare de toda violación.
Así, explicó Alurralde, puede decirse que la lógica interna del Pacto, que condiciona su vigencia, se apoya en obligaciones de medios y de derechos que no serán inmediatamente efectivos. Estas características son únicas o por lo menos infrecuentes en el acervo de instrumentos de derechos humanos en el derecho internacional. Esto conlleva la pregunta acerca de cuáles son las obligaciones de los Estados parte del PIDESC, cuya respuesta es: por lo menos, tomar medidas hasta el máximo de los recursos disponibles, y seguramente también (ya en el marco de la observación general n° 3 del Comité DESC) observar la obligación de progresividad y la prohibición de regresividad, y garantizar pisos mínimos.
Por lo tanto, comentó la disertante, para conocer entonces los alcances de las obligaciones de la República Argentina en el marco del PIDESC, es necesario establecer cuál es el máximo de los recursos de los que la Nación dispone. Una posición de máxima sugiere que son, en términos económicos, todos los que componen el Tesoro de la Nación en los términos del art. 4 de la Constitución Nacional —con excepción del crédito que solo puede usarse para atender urgencias de la Nación o para empresas de utilidad nacional—, y en términos de competencia, todas las asignadas al Congreso por el art. 75 (ver en particular los incs. 5, 9,  13,  18 , 19 y 23). Entiende, sin embargo, que afirmar que la voluntad del Congreso queda suplida por los compromisos asumidos en el PIDESC es contrario a aquello de que los instrumentos enumerados en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional "no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución". Sostiene Alurralde que una solución más razonable consiste en afirmar que los recursos disponibles son los que el Congreso pone a disposición cuando fija el presupuesto y autoriza gastos en políticas públicas, lo que puede hacer libremente —salvo el deber de asegurar pisos mínimos y la prohibición de regresividad— de cara al PIDESC. Esta lectura encuentra apoyo en el principio de derecho internacional conocido como: "Margen de apreciación nacional", consistente en acordar deferencia interpretativa a cada uno de los Estados cuando se está frente a una noción sobre cuyo alcance no hay acuerdo.
Para finalizar, Alurralde destacó que la lectura que propone, sin embargo, conlleva el problema de la omisión legislativa: la situación no hipotética en la que el Congreso no asignó recursos o lo hizo en forma insuficiente. Este supuesto demuestra el límite de la exigibilidad judicial de los DESC, pues la apreciación de cuál es el máximo de los recursos disponbiles —e incluso de la progresividad en términos generales— es impracticable en el marco de un proceso judicial, regido por el principio dispositivo y a cargo de un juez humano.
En segundo lugar, Camila Carril expuso sobre “Reforma migratoria: garantías y debido proceso en el marco del procedimiento sumario de expulsión”. La disertante contó que el pasado 31 de enero entró en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/17 por el cual se reformó la Ley de Política Migratoria Argentina 25.871. Refirió que el objetivo de la exposición consiste en poner en evidencia cómo estas reformas afectan las garantías del debido proceso, derecho de defensa y acceso a la justicia de la población migrante.
Carril detalló que la reforma habilitó un procedimiento sumarísimo, aplicable a casi la totalidad de los impedimentos regulados en el art. 29 de la Ley y a las cancelaciones dispuestas en el art. 62 que enfrenta a la persona a un plazo de 3 días hábiles para interponer un único recurso posible: el jerárquico y, agotada la vía administrativa, a un plazo de 3 días para presentar el recurso de revisión judicial en forma fundada y con patrocinio. En igual sentido, en palabras de la panelista, la reforma limitó las facultades del juez para revisar las medidas adoptadas por la Dirección Nacional de Migraciones, que deberá rechazar in limine la acción interpuesta que no hubiera cumplido con los requisitos formales de la presentación o los exiguos plazos legales establecidos.
El DNU, en suma, no solo modificó las instancias recursivas, sino también las características generales del procedimiento administrativo migratorio en lo que respecta al régimen de notificaciones, modos de conclusión del procedimiento, derecho a contar con un abogado defensor, retenciones, entre otros. 
De esta manera, concluyó Carril, los cambios introducidos tornan ilusoria la vía recursiva, en tanto no es posible acceder a un abogado en tres días y que éste construya en tan breve plazo una defensa técnica eficaz. La irrazonabilidad de los plazos breves en materia migratoria vulnera la garantía de plazo razonable que consagra la CADH. En tal sentido, es indispensable que la persona tenga la posibilidad de preparar su defensa, formular alegatos y promover las pruebas pertinentes, garantías que resulta imposible ejercer cuando el plazo de ejecución de la decisión gubernamental resulta irrazonablemente breve. Por su parte, señaló Carril, la interposición del recurso tampoco garantiza la revisión judicial suficiente en virtud de los límites al control judicial que la norma ha pautado, lo que deriva en un control meramente formal, no sustancial, que se asemeja a la ausencia de revisión judicial que supo primar durante la vigencia de la llamada Ley Videla.

• Segundo panel – “Transparencia y calidad institucional”
El segundo panel fue moderado por Agustín Tarelli y tuvo como expositores a Leonardo Limanski y a Natalia Tanno. 
Leonardo Limanski expuso sobre la “Implementación de nuevas herramientas de transparencia institucional”. En este sentido, puso especial énfasis en la importancia de la transparencia activa como una herramienta para la prevención de la corrupción, para mejorar la gestión y para garantizar el derecho humano de acceso a la información pública.
Dentro de nuevas herramientas vinculadas al tema mencionó la creación del Portal Nacional de Datos Públicos (Decreto n° 117/2016) y la sanción de la Ley de Acceso a la Información (Ley n° 27.275).
Por último, comentó los lineamientos generales del Decreto n° 202/17 y su impacto en todo tipo de contratación administrativa. En especial mencionó la relevancia de que toda persona deba presentar una declaración jurada de intereses al momento de presentarse en una contratación pública y las consecuencias para los casos en que existan vinculaciones, como por ejemplo: la intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN y la publicidad total y en la web de todos los expedientes.
El tema desarrollado por Natalia Tanno fue "Gobierno Abierto y Gobierno Digital", advirtiendo que, a su entender, se trata de uno de los temas más importantes de la actualidad.
Como punto de partida señaló algunos errores que suelen cometerse en el abordaje de esta temática:
1. Pensar que el estudio del gobierno abierto se reduce a la apertura de datos, entendiendo que un gobierno abierto es aquel que lo muestra todo.
2. Pensar que el estudio del gobierno digital se reduce al uso de tecnología, entendiéndolo como una tecnologización de la burocracia.
Identificó al gobierno abierto como una nueva forma de hacer gestión pública, que invita al ciudadano a involucrarse en la tarea de gobernar. E identificó los pilares sobre los que descansa este concepto.
1. Transparencia
2. Rendición de Cuentas
3. Tecnología
4. Participación
5. Confianza.
Luego de hacer un recorrido sobre estas nociones, enfatizó en los últimos dos: participación y confianza.
Advirtió que no se discute que el uso de las tecnologías o el gobierno electrónico brindan herramientas claves en el desarrollo del gobierno abierto, porque si queremos un gobierno basado en a co-gestión es fundamental contar con herramientas que nos garanticen cada vez mayor proximidad o inmediatez con el ciudadano, y que tampoco se discute que para esta co-gestión la transparencia y apertura de datos son premisas sin las cuales el ciudadano difícilmente podría participar. Pero nada de esto tendría sentido sin ciudadanos dispuestos a participar, y administradores dispuestos a co-gestionar.
Tanto la participación ciudadana como la confianza, apuntan a un aspecto clave: el factor humano. Las personas son el centro de toda organización, el componente humano es el fundamento del cambio. En su análisis realizó una distinción entre el factor humano intra-gobierno (funcionarios y empleados públicos), y extra-gobierno (ciudadanos).
Tanno también se refirió a la gestión del cambio (puntualizando en la resistencia al cambio), y a la sociedad 2.0 (como un nuevo entorno social, altamente comunicativo e interconectado).
Para cerrar, la disertante abordó nociones como:
1. Brecha digital, entendida como la separación que existe entre las personas que utilizan las TIC (tecnologías de la comunicación y la información) como una parte de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas y que aunque las tengan no saben cómo utilizarlas.
2. La generación millennial, como la generación clave que hay que conquistar y comprometer con la co-gestión.
Finalmente, recorrió algunos desafíos interesantes del Gobierno Abierto:
1. El gobierno a través de las Redes sociales.
2. La Innovación social colaborativa, puntualizando en actividades como hackathon y brainstorming.
3. la adhocracia, como concepto opuesto a la burocracia.
Visto 218 veces Modificado por última vez en Martes, 12 Septiembre 2017 10:28