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La actividad administrativa de los Poderes Judiciales


(i) Es conocido por todos que la legislación, jurisprudencia, investigación y doctrina referida a la actividad administrativa se centra, principalmente, en la que desarrollan las distintas administraciones públicas. Casi marginalmente se efectúa alguna referencia a la función administrativa de los poderes judiciales, aunque sin mayores precisiones que permitan comprender las reglas jurídicas rigen esa actividad. 
Consideramos que la compilación y examen de la información vinculada con las cuestiones que puntualizaré más adelante, podría permitir, por un lado, conocer y comparar las soluciones que se aplican a problemas comunes en las 23 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, relevar las particularidades de los regímenes locales, y considerar el impacto de las características propias de la administración de los poderes judiciales en los institutos básicos del Derecho Administrativo.
Se trata, básicamente, de un relevamiento normativo que no tendrá opiniones sino un cuadro de información y comparación.
Nos interesa obtener “una foto” del marco normativo y reglamentario en el lleva adelante sus procedimientos, sus relaciones de empleo, contrataciones, obras, ejecución presupuestaria, control, etc. 
Confiamos en que será un valioso aporte para afianzar el camino de independencia del Poder Judicial ya que permitirá advertir las situaciones y soluciones con las que se enfrentan todos los órganos de gobierno de los poderes judiciales, y que es un tema relevante para que quienes transitan nuestra disciplina lo analicen y efectúen aportes. (ii) Estimamos conveniente la participación de los órganos de gobierno de los poderes judiciales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la vinculación directa con cada Corte o Superior Tribunal, en tanto son los máximos tribunales locales —y en algunas jurisdicciones los consejos de la magistratura— quienes se encuentran en condiciones óptimas para examinar e informar sobre su propia actividad.(iii) La investigación se llevará adelante en caso de contar con la participación de, al menos, diez (10) estados locales. Afortunadamente, al día de hoy han manifiestado su interés en participar —y estamos en el inicio de la tarea de relevar la información, con diverso grado de avance— las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, , Neuquén, Santa Fe, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Sin perjuicio de encontrarnos en conversaciones preliminares con otras provincias.(iv) Nuestra intención es conformar en cada provincia una “Unidad Local de Investigación” integrada por a) uno más representantes designados por el órgano judicial; b) un miembro de la AADA, designado por su presidente; y c) un miembro del FORJAD (Foro de Jovenes Administrativistas de la AADA)  designado por su presidente y preferente residente en la jurisdicción. Habrá una unidad por cada jurisdicción participante
En un plazo no mayor a dos (2) meses a partir de que el Tribunal que usted preside acepte participar en el proyecto, la ULI deberá completar la investigación solicitada.
La coordinación general del proyecto estará a cargo de José Luis Said, Secretario de Investigaciones de nuestra Asociación —quien se desempeña judicialmente como Secretario Judicial en Asuntos Contencioso Administrativos y Tributarios del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires—. Sus datos de contacto son: e-mail: jsaid@tsjbaires.gov.ar; 011-4370-8500 interno 1510, de 9,30 a 17,30 horas.(v) El temario que proponemos está sujeto a los aportes que consideren conveniente realizar. Habrá cuestiones que podrán agregarse de acuerdo con la matriz institucional de cada jurisdicción. De todos modos, tratamos de enunciar los temas más frecuentes. 
Nos interesa relevar tanto la aplicación de los institutos básicos del Derecho Administrativo como las particularidades de los regímenes locales. 
La investigación pretende no sólo compilar la totalidad de la normativa vigente en las provincias argentinas respecto de este tema, sino también los criterios administrativos y jurisprudenciales de aplicación.
Los temas sugeridos son:
a. ¿Qué reglas se aplican para guiar los procedimientos administrativos? Rige la LPA en el ámbito del Poder Judicial? ¿Qué formas de impugnación administrativa se admiten?
b. ¿Tiene potestad normativa el máximo tribunal? ¿En qué materias administrativas? Qué normas ha dictado en esos tópicos? 
c. ¿Tiene facultades para la elaboración y ejecución de su presupuesto? ¿Se le reconoce autarquía financiera?
d. ¿Que reglas rigen las contrataciones?
e. ¿Qué procedimientos rigen la selección incorporación de agentes?  ¿Existe un estatuto para los empleados judiciales? ¿Celebra convenciones colectivas de trabajo? ¿Quién ejerce la potestad disciplinaria y qué regulación aplica?
f. ¿Existe contralor por órganos externos? ¿Hay órganos de control interno?
g. ¿Ante qué órgano judicial se efectúa el control judicial de la actividad administrativa?
h. ¿Quién ejerce la defensa del estado en el juicio, en caso de demandarse por actividad administrativa del poder judicial?
i. Otras cuestiones que la organización judicial considere de interés.(vi) Compilada la información producida por las ULIs, el secretario de investigaciones efectuará la reseña y comparación de la situación existente en los poderes judiciales que participen. Podrá contar con la colaboración de un equipo para laredacción del informe final, designado a su propuesta. En él se señalarán, fundadamente, las coincidencias y divergencias en las soluciones adoptadas en los distintos estados, los problemas detectados, las herramientas destacables que genera los ordenamientos locales y todas las circunstancias relevantes que permitan la más acabada comprensión estática y dinámica de la actividad administrativa de los poderes judiciales.(vii) El tema del proyecto será materia de las Jornadas Nacionales de nuestra Asociación y el resultado de la investigación, con el debido reconocimiento a quienes participaron de ella, será difundido por la AADA mediante su publicación gráfica y/o electrónica.    Buenos Aires, agosto de 2014.

Transformación de la Administración Pública para la tutela de los derechos económicos, sociales y culturales

Presentación de Proyecto de Investigación (PI)

Título del PI: “La transformación de la administración pública para la tutela de los derechos económicos, sociales y culturales. A propósito de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires”

Director de Proyecto

Dr. Justo José Reyna. 
DNI 13377233, Prof. Titular Ordinario Cátedra A de Derecho Administrativo de la Fac. de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL; y Presidente de la AADA.

Codirectores

Prof. Héctor Constantino Rodríguez  
DNI ; Rector del Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas Argentinas; Director de la Maestría en Finanzas Públicas de la Universidad Nacional de la Matanza; Coordinador de la Especialización en Derecho Tributario de la Escuela de Abogados del Estado; Docente Titular  en posgrados UBA, FLACSO, U. N.Litoral, UNTucuman, UCSalta,
Prof. Julio Rodríguez Signes  
DNI 14.318.372; Profesor de la Carrera de Especialización de Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL; Profesor de la Maestrìa de Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral; Fiscal de Estado de la Provincia de Entre Ríos


Investigador/es Adjunto/s

Prof. Raquel Alianak 
DNI 10.409.793
Prof. Martín Rodriguez Duch  
DNI 27769519, Jefe de Trabajos Prácticos en la cátedra de Historia Institucional Argentina, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL; Asesor Letrado del Ministerio De Salud De La Provincia De Santa Fe.
Prof.  Jesús Penayo Amaya 
DNI 28.650.191, Vicepresidente de AEPEER (Asociación de Establecimientos Privados de Entre Ríos, Jefe de Trabajos Prácticos de la materia Derecho Público, Facultad de Ciencias de la Administración de la UNER; a  cargo de la cátedra Derechos Humanos: Ética y Ciudadanía en el Profesorado Hermano Septimio.

Asistente/s de investigación

SPANO, Pedro ; DNI 26.789.270; abogado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL; Especialista en Derecho  Empresario, en Derecho Administrativo y Mediación
ARRUA GOBO, Miguel Angel ; DNI 26.941.088, Abogado y Notario por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL; Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia de Entre Ríos.
MERKE, Iván ; DNI 31.502.599; abogado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL; Especialista en Derecho Administrativo.
FERNANDEZ CORIA, Eugenia ; DNI 30.060.955; abogada por la Universidad Católica de Santa Fe
COLLANTE WOYCICKI, Flavia ; DNI 26.447.580; Abogada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL; especialista en Derecho Administrativo, Derecho  Notarial, Derecho Procesal Civil y Mediación.
ALZAMORA, Pilar ; DNI 36.011.305; Estudiante de Grado de la Carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL.
ISAAK, Joel , DNI 36.011.053, Estudiante de Grado de la Carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL.
RIVERO, Antonela ; DNI 34.673.525 ; Estudiante de Grado de la Carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL.
D AMICO, Romina ; DNI 33.962.013; Estudiante de Grado de la Carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL.
GARAY, Melisa ; DNI 35.650.342; Estudiante de Grado de la Carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL.
ZUVELA, Magdalena , DNI 36.265.575, Estudiante de Grado de la Carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL.
BERTONI, Ticiana , DNI 36.628.508; Estudiante de Grado de la Carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL.
MONTERO, María Victoria ; DNI 34.304.865; Estudiante de Grado de la Carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL.
GONZALES, Alcides ; DNI 35.440.848; Estudiante de Grado de la Carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL.
BUSTAMANTE, Micaela ; DNI 37.465.518; Estudiante de Grado de la Carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL.

Objeto y tareas a realizar

Objeto:

Detectar las teclas transformadoras que se hace necesario accionar para colocar a la persona humana, en su núcleo mínimo o existencial, en el centro de la organización estatal y del derecho; siendo ello un imperativo constitucional del Estado Constitucional de Derecho de nuestra reforma constitucional de 1994.
El marco teórico, por un lado,  buscará el estado de la ciencia en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales; partiendo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, de las condiciones de su vigencia surgidas de las Observaciones Generales del Comité DESC, del tratamiento y efectos que, en lo relativo al núcleo mínimo de dichos derechos se realiza en el ámbito de los precedentes administativos y judiciales del orden endonacional e internacional; y con más los efectos dogmáticos y prácticos resultantes, como impronta transformadora. 
El marco teórico, por otro lado, se focalizará a precisiones dogmáticas en orden a las nuevas corrientes para los procesos de “transformación de la Administración Pública” en el sentido de analizar la pertinencia de  desarrollar e impulsar, a corto y mediano plazo, una serie de decisiones abiertas a la ciudadanía que conviertan  a la organización administrativa y a la acción de la misma en un instrumento eficiente  y efectivo para la gente necesitada de inclusión en su núcleo mínimo o existencial. 
Se trata de una investigación de un plan de “transformación” entendido como impulso, uniforme y coherente  de una suma de pequeñas innovaciones del sector público tanto en lo relativo a la gestión de los recursos públicos, como a las modificaciones estructurales bases de la Administración Pública en su organización y actividad. 
Las modificaciones deben focalizare en la idea de transformar lo menos posible, respetando el proceso lógico de desarrollo, pero que cada decisión o retoque provoque el mayor impacto posible en el cambio efectivo de la administración y la gestión orientada a la persona.
Las tareas, por ende, se dirigen inicialmente a un relevamiento del grupo normativo  y precedentes centrales en orden a los derechos económicos sociales y culturales, como a las normas estructurantes de las Administraciones Públicas objeto de análisis ( leyes de organización ministeriales; de  Administración, Eficiencia y Control del Estado;  Estatuto General de la Administración Pública; leyes de obras públicas y normas de contratación; normas procedimentales; control judicial en materia de derechos económicos sociales y culturales; etc)

Plazo para la elaboración y presentación

El grupo ha iniciado actividades de modo no formal desde finales del año pasado ( diciembre de 2014 y será presentado en el  mes de diciembre de este año.

Las competencias judiciales en las causas que el Estado es parte

Presentación de proyecto de investigación (PI)

“Las competencias judiciales en las causas en las que el Estado es parte”


Codirectores del Proyecto:

Federico José Lisa .
DNI N° 16.035.442. 
Abogado, Notario y Especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional del Litoral.
Doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica de Santa Fe.
Profesor Adjunto Ordinario de Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.
Profesor Invitado –categoría Titular– en Instituciones de Derecho Administrativo y Derecho Administrativo Especial de la Universidad Católica Argentina, Subsede Paraná.

Luciano Francisco Pagliano .
DNI N° 23.382.204. 
Abogado y Posgraduado en Derecho Procesal y en Derecho Tributario por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.
Doctorando en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica de Santa Fe.
Jefe de Trabajos Prácticos de Derecho Procesal Civil y Comercial y  de Derecho Procesal Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.
Docente Ayudante de Teoría General del Proceso de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Santa Fe.
Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Séptima Nominación de la ciudad de Santa Fe.


Investigador/es Adjunto/s del Proyecto:

Abog. Julián Emmanuel Passarella 
DNI N° 30.188.453
Abogado y Especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional del Litoral. 
Profesor Adjunto Ordinario de Instituciones de Derecho I de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral.
Ayudante de Cátedra Ordinario de Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.

Abog. Gerónimo Leandro Peñalva 
DNI N° 30.488.083
Abogado por la Universidad Nacional del Litoral y Maestrando en Derecho Administrativo por la Universidad Austral.
Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario de Instituciones de Derecho I de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral.
Docente Adscripto de Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.


Asistente/s de investigación:

Abog. Juan Ignacio Carrara 
DNI N° 30.432.320
Abogado y Especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional del Litoral.
Docente Adscripto de Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.

Abog. Juan Martín 
DNI N° 33.068.523.   
Abogado por la Universidad Nacional del Litoral y alumno de la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional de Rosario.
Docente Adscripto de Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.

Abog. Mario Gabriel Migno 
DNI N° 31.578.009.   
Abogado, Especialista en Derecho Procesal y alumno de la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional del Litoral.
Ayudante de Cátedra Ordinario de Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.

Abog. Lisandro Salzman 
DNI N° 29.483.103
Abogado y Especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional del Litoral. 
Alumno de la Carrera de Especialización en Derecho Procesal Civil y Comercial de la Universidad Nacional del Litoral.


Objeto y tareas a realizar:

Objeto: 
El conocimiento de las causas en las que el Estado es parte produce, en algunos sistemas provinciales, una muy curiosa paradoja. Por un lado, una jurisdicción excesivamente concentrada en materia típicamente contencioso administrativa; y por el otro, una jurisdicción excesivamente atomizada en el conocimiento de las causas en que el Estado es parte.
Esta multiplicidad de fueros en ciertas materias y esta concentración, en muchas otras – común en la mayoría de las provincias argentinas (y, en particular, en la Región Centro)–, tiene algunas connotaciones negativas:
•    Violenta la tutela judicial efectiva –en general– y el acceso a la justicia –en particular–, derechos que cuentan con jerarquía constitucional. En este sentido, hoy en día resulta inadmisible tanto el constante peregrinar de los justiciables en busca del juez competente, como la existencia de supuestos en los que el justiciable reside a cientos de kilómetros del tribunal.
•    Atenta contra la unidad y cohesión de las materias, llevando a que el accionar del Estado sea juzgado por magistrados competentes en las más variadas ramas del Derecho.
Sobre dicha base, se realizará un estudio integral de la problemática, a fin de determinar la viabilidad de un fuero único que entienda no sólo de lo clásicamente “contencioso administrativo”, sino también en materias de responsabilidad lícita e ilícita, contractual y extracontractual del Estado, expropiaciones, protección de intereses difusos y amparo, entre otros institutos; con alzada en lo que hoy son las Cámaras de lo Contencioso Administrativo.
La propuesta de investigación, a la par que atenuaría sensiblemente las connotaciones negativas a las que se ha aludido, produciría también otra interesante consecuencia: la descongestión de los otros fueros que –sin estar especialmente predispuestos para ello– atienden actualmente innumerables causas contra el Estado, incluso en temas regidos por el Derecho Administrativo.


Tareas a realizar:
•    Efectuar un relevamiento exhaustivo del derecho comparado interno, focalizado en la Región Centro, aunque con referencia también de los antecedentes extranjeros que resulten apreciables. 
En este orden, también es trascendente la búsqueda de antecedentes legislativos, de debates parlamentarios y de propuestas de reformas legislativas, entre otros aspectos de interés.
•    Analizar la jurisprudencia y la doctrina vinculadas con el tema en investigación.
A los fines de un mejor desarrollo de la tarea investigativa, deberá efectuarse una sistematización de la jurisprudencia y una clasificación de las obras doctrinarias en obras generales y específicas –teniendo fundamental importancia, entre estas últimas, el “Tratado de de lo Contencioso Administrativo”, dirigido por el Dr. Fernando García Pulles–.
•    Concertar entrevistas con magistrados y operadores judiciales, y consultar estadísticas judiciales con relación a las causas en que el Estado es parte.
Ello permitirá adquirir una visión global –aunque precisa– del punto de partida desde donde continuar con la tarea investigativa, en busca de conclusiones y propuestas que tiendan al mejoramiento integral de la problemática abordada.


Método:
Para la indagación científica se emplearán diversos métodos: exegético, dogmático, histórico, funcional y sociológico, entre otros.
Esta visión integral será realizada a fin de lograr un adecuado nexo entre el mundo abstracto de las normas y los fenómenos reales y concretos de la dinámica jurídica social.


Plazo para la elaboración y presentación del Proyecto:
El grupo ha comenzado con sus actividades de modo informal en septiembre de 2015, habiéndose planificado la presentación de los avances de la investigación para septiembre de 2016.